El mundo digital es una extensión del mundo real y un claro ejemplo de ello es el hacktivismo o ciberactivismo. El activismo es una práctica intrínseca en el ser humano desde que convive en sociedad, pero durante las dos últimas décadas esta práctica se ha extendido al ciberespacio y es comúnmente practicada por la gran mayoría de los usuarios, al realizar demandas o peticiones a través de las redes sociales, por ejemplo. Pero el hacktivismo va mucho más allá.
El término hacktivismo nace de la unión de dos palabras: hacker y activismo. Hace referencia al uso de la tecnología y de internet de forma no violenta, normalmente para reivindicar posturas políticas o sociales. Generalmente estos ataques están dirigidos a gobiernos, instituciones públicas y grandes entidades.
Los activistas del ciberespacio suelen aprovechar vulnerabilidades de los sistemas informáticos para atacarlos, y de esta forma, reivindicar su causa. Los ciberataques que perpetúan suelen realizarlos en forma de ataques de denegación de servicio (inhabilitación de una página web), suplantación de identidad, robo de información, sabotajes virtuales, parodias a los sitios web, etc.
Los ciberactivistas justifican sus acciones normalmente como una defensa del intercambio de información o de la libertad de expresión. Sin embargo, el hacktivismo supone un alto riesgo para la ciberseguridad debido a lo mediáticos que son este tipo de ataques y sus consecuencias sociales y económicas.
Pero, ¿realizar ciberataques para proteger la libre circulación de información está justificado? ¿Hasta qué punto la defensa de la libertad de expresión vulnera otros derechos igualmente fundamentales? Esta es la polémica que se esconde tras el hacktivismo.
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